La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó ayer la Resolución 19/2023 del Ministerio del Interior, referida a la Lista Nacional de personas y entidades que han sido sometidas a investigaciones penales y son buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos materializados en el territorio nacional o en otros países.
La disposición incluye a comisores de actos terroristas contra Cuba desde 1999 hasta la actualidad. Las causas jurídicas abiertas corresponden a agresiones contra hoteles y otros centros turísticos, infiltración por las costas para ejecutar acciones violentas, atentados contra el Presidente de la República y otros funcionarios públicos, y la promoción de maniobras militares contra la Mayor de las Antillas.
También se refiere a quienes incitan, organizan y financian acciones que afectan el orden social en Cuba.
Algunos de esos terroristas son Santiago Álvarez Fernández Magriñá, Ramón Saúl Sánchez Rizo, Ana Olema Hernández, William Cabrera González, Michel Naranjo Riverón y Eduardo Arias León. Además, Yamila Betancourt García, Alexander Otaola Casal, Orlando Gutiérrez Boronat, Eliecer Ávila, Liudmila Santiesteban Cruz, Manuel Milanés Pizonero, Alain Lambert Sánchez (Paparazzi cubano) y Jorge Ramón Batista Calero (Ultrack).
Se incluye a Alexander Alazo Baró, quien atacó con un arma de fuego la Embajada de Cuba en EE. UU.
Los fundamentos legales están en la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, en el Código Penal cubano, en el Decreto-Ley 317 del Consejo de Estado, y en la Resolución 16 del Ministro del Interior.
También integran la lista Yamila Betancourt García, Alexander Otaola Casal, Orlando Gutiérrez Boronat, Eliecer Ávila, Liudmila Santiesteban Cruz, Manuel Milanés Pizonero, Alain Lambert Sánchez (Paparazzi cubano) y Jorge Ramón Batista Calero (Ultrack). Resalta la participación de estos en sabotajes y otras acciones punibles, por medio del reclutamiento de personas en el espacio digital.
Destaca la aparición en el documento de Alexander Alazo Baró, sujeto del Expediente Investigativo 27/2020, iniciado por el ataque con un arma de fuego a la embajada de Cuba en los Estados Unidos.
Los fundamentos legales de la medida se encuentran en la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, relativa a la prevención y enfrentamiento al terrorismo y su financiamiento; el Código Penal cubano; así como el Decreto-Ley 317 del Consejo de Estado y la Resolución 16 del Ministro del Interior, para la detección y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos.
Fuente: Granma.cu