El régimen castrista modificó al alza los precios de las tarifas establecidas por los servicios que ofrecen la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC). Ahora será más costoso contratar servicios jurídicos, según consta en el listado de precios divulgado en la Resolución 231 del 2023 del Ministerio de Justicia publicada en Gaceta Oficial.
La resolución establece que los importes correspondientes a los servicios jurídicos deben ser pagados por el cliente al momento de la concertación del contrato. Además, si se requiere más de un abogado, la tarifa de servicio será la suma de las tarifas establecidas para cada litigante seleccionado.
Entre los servicios que han experimentado cambios en sus costos se encuentran la privación o suspensión de la responsabilidad parental, el reconocimiento de la unión de hecho afectiva, los procesos filiatorios, la nulidad de matrimonio y los divorcios. Asimismo, se han actualizado las tarifas de procesos sumarios en materia de familia, civil, trabajo y seguridad social, procesos sucesorios, administrativos y penales.
Otras tarifas significativamente altas son aquellas relacionadas con los delitos contra la Seguridad del Estado. Los pagos para acusados comienzan en 4.200 pesos cubanos. Estas mismas cantidades se aplican a cargos vinculados a actos contra la seguridad colectiva y el orden público, que suelen ser impuestos por el régimen a las personas detenidas por manifestarse pacíficamente.
Los nuevos precios no incluyen el impuesto sobre documentos ni los gravámenes por servicios de terceras entidades, así como otros gastos asociados que no estén previstos en los asuntos que lo requieran.
El Ministerio de Justicia advierte que cada seis meses hará una evaluación de los precios para ejecutar más modificaciones según sea necesario. Esta nueva resolución deroga la anterior, la resolución 672, que había entrado en vigor el 28 de diciembre de 2021.
