En la frontera de Estados Unidos, desde la entrada en vigor del Título 8 el 12 de mayo, se han completado más de 11.500 entrevistas de miedo creíble. Este proceso, que requiere la reserva de una cita a través de la aplicación CBP One, busca evaluar las solicitudes de asilo presentadas por aquellos que huyen de persecuciones políticas, discriminación por género, raza o religión en sus países de origen. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se han recibido más de 14.000 solicitudes en total, descartando automáticamente aquellas que no pueden respaldar con pruebas su situación de miedo creíble.
Las autoridades de aduanas y control de inmigración están deteniendo a miles de personas en la frontera, procesándolas para evaluar sus solicitudes de asilo. Aquellos que no demuestran un miedo creíble son rápidamente deportados. Según el DHS, hasta el momento, 1.400 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, las cuatro nacionalidades incluidas en el programa de parole humanitario, han sido devueltos a México. Las autoridades mexicanas se han comprometido a colaborar en este proceso.
Desde el 12 de mayo, se ha observado una disminución en los intentos de cruce ilegal a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos. Parece que los migrantes han sido persuadidos por la intensa campaña informativa del gobierno estadounidense, que ha dado a conocer las consecuencias de no cumplir con el Título 8. Esta ley migratoria establece medidas como la deportación rápida a México o al país de origen, una prohibición de regresar a Estados Unidos durante cinco años después de una deportación, así como el encausamiento criminal por intentar ingresar ilegalmente en repetidas ocasiones.
Para contener la avalancha migratoria anticipada, la administración de Joe Biden ha desplegado alrededor de 24.000 agentes y oficiales de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste. Incluso se han enviado tropas del ejército en apoyo a estas labores. Sin embargo, la esperada avalancha no ha ocurrido.
La política migratoria actual de la administración demócrata se basa en el otorgamiento de visas humanitarias, un procedimiento que enfrenta demandas de varios estados republicanos. El juez federal Drew B. Tipton, encargado del caso, ha pospuesto el inicio de la vista hasta el 24 de agosto de 2023, tras analizar una petición de ambas partes involucradas. Esta noticia brinda a aquellos que esperan una revisión de sus casos por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) casi tres meses adicionales sin el temor de que una decisión judicial detenga el programa.
Con esta nueva información, los cubanos que residen en el extranjero y buscan estar al tanto de la situación migratoria en Cuba podrán comprender mejor los desafíos y cambios que se están produciendo en la frontera de Estados Unidos.
