El gobierno de Costa Rica, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), ofrece a partir del 1.º de marzo de 2023 una Categoría Especial Temporal para migrantes cubanos con solicitud de refugio con el objetivo de legalizar su estatus migratorio en la pequeña nación centroamericana.
La medida, que también se extenderá a ciudadanos de Nicaragua y Venezuela, otorgará la condición de refugiado, independientemente de si la solicitud fue aprobada o rechazada por las autoridades competentes ante las cuales el extranjero presentó su caso.
De acuerdo con el comunicado del DGME, las citas se programarán desde el venidero 15 de abril. “A partir de este 1 de marzo, los ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, podrán solicitar una cita al número del call center 1311 y página web, para optar por la Categoría Especial Temporal que tengan una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado pendiente o que haya sido denegada, estas citas estarán siendo asignadas del 15 de abril en adelante”.
El status migratorio que da la Categoría Especial Temporal posibilita al extranjero “desempeñarse legalmente en cualquier actividad laboral remunerada o por cuenta propia o en relación de dependencia, así como salir del país en el momento que así lo requieran”.
Uno de los requisitos fundamentales que deben cumplir quienes deseen acogerse al beneficio es haber solicitado refugio el 1 de enero de 2010 y el 30 de septiembre de 2022 y estar presente en Costa Rica desde que presentaron su expediente de refugio. Además, como es lógico, no deben contar con ninguna otra categoría de permanencia legal en el país.
Otros documentos que serán necesarios aportar durante los trámites son un formulario de filiación, certificación de nacimiento legalizada o apostillada, certificación de antecedentes penales legalizada o apostillada, fotocopia de la primera página del pasaporte o la cédula de identidad de su país de origen y comprobante de huellas.
La DGME de Costa Rica advirtió a los solicitantes que realizará una rigurosa revisión de antecedentes penales y policiales mediante una revisión de bases de datos nacionales e internacionales, a fin de comprobar la buena conducta de los ciudadanos que optan por el beneficio de regularizar su estancia en territorio costarricense.
