El juez de Texas, Drew B. Tipton, decidió que el parole humanitario para cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos continuará activo, en lo que se resuelve una demanda presentada por 20 estados republicanos contra esta medida del presidente Joe Biden.
Los demandantes, entre ellos el estado de Florida, habían solicitado al magistrado que congelara la aplicación de la iniciativa antes del inicio de las audiencias correspondientes al juicio por este tema, informó EFE.
Según una orden firmada ayer lunes 27 de febrero, el juez decidió que dicha solicitud para interrumpir la aplicación del programa se analizará en las audiencias, cuya fecha de inicio aún no se ha establecido de manera oficial.
El parole humanitario, activado por la administración demócrata desde el pasado 6 de enero, permite a personas de dichas nacionalidades ingresar a territorio estadounidense por un lapso de dos años, si cuentan con un patrocinador que se encargue de los gastos en atención médica, alimentación y vivienda.
En ese tiempo, los beneficiarios pueden acceder a permisos de trabajo y también iniciar el trámite correspondiente para conseguir la residencia permanente en territorio norteamericano.
La medida tiene como objetivo distribuir de manera mensual unas 30 mil visas a potenciales beneficiarios, quienes tienen que realizar todo el trámite de sus países de origen a fin de evitar una penalización.
Días después de la entrada en vigor, Tipton recibió la referida petición por parte de fiscales pertenecientes a los estados de Texas, Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, y Wyoming.
En la denuncia se argumenta que ese plan provocará el arribo de cientos de miles de migrantes a diferentes territorios de EEUU que ya se encuentran “sobrecargados” de extranjeros.
Además, se señala que con esta iniciativa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comete un abuso de su autoridad para conceder permisos humanitarios.
Los demandantes buscan que el juez declare como ilegal dicho plan del gobierno por concederse ese tipo de visado. Asimismo, se argumenta que la administración demócrata no tiene en cuenta si existe la capacidad para expulsar a los beneficiarios del programa, luego de que se agote el permiso de dos años.
La demanda es contra el Departamento de Seguridad Nacional, y su titular, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas; asimismo, se incluye a las agencias federales encargadas del flujo migratorio en EEUU.
Hasta el 17 de febrero, se habían otorgado 26.000 visas a personas oriundas de Cuba, Haití y Nicaragua. En el caso de los venezolanos, cuyo programa inició antes, se han distribuido 33.800 visas.
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