Varias compañías navieras estadounidenses deberán abonar una suma millonaria, por atracar en aguas cubanas en la Terminal Portuaria de Cruceros de La Habana, lo cual constituyó una violación del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 reactivado por Donald Trump en 2019.
Los cuatro gigantes del ocio: Carnival Corporation, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings y Royal Caribbean Cruises, fueron acusados de “traficar con propiedades confiscadas en Cuba”, según dictaminó una corte federal.
El punto de conflicto se encuentra —literalmente—, en el muelle donde usualmente atracan los cruceros que arriban a La Habana, que en 1959 era propiedad de la compañía Havana Docks Corporation, perteneciente a la familia Behn.
Por tal motivo, Mickael Behn, uno de los herederos del patrimonio y de nacionalidad estadounidense, recurrió a la justicia americana con una reclamación certificada como expropiación forzosa en 1960.
Las empresas navieras generaron más de 1.100 millones de dólares en sus viajes a Cuba. Además, también pagaron 138 millones de dólares a empresas vinculadas o propiedad directa del régimen cubano.
Aunque el proceso de demanda había iniciado en mayo del 2019 bajo el amparo de la Ley Helms-Burton, no sería hasta ahora que la jueza federal, Beth Bloom, ordenó el pago de 400 millones de dólares en concepto de indemnización, pues la ley citada permite a los ciudadanos estadounidenses demandar por el uso de propiedades incautadas en Cuba tras la llegada de Fidel Castro al poder.
Según trascendió, toda la documentación presentada confirma que las empresas navieras generaron más de 1.100 millones de dólares en sus viajes a Cuba. Además, también pagaron 138 millones de dólares a empresas vinculadas o propiedad directa del régimen cubano.
“El uso comercial de bienes confiscados en Cuba en violación de la ley estadounidense conlleva consecuencias legales claramente detalladas, bien conocidas y publicitadas. Después de décadas de perseguir sus derechos legales, Havana Docks está un paso más cerca de la justicia”, fueron las declaraciones al periódico El Nuevo Herald de Bob Martínez, jefe del equipo de defensa legal.
El fallo de la corte a favor de la familia Behn, sentaría un precedente legal para futuras causas de este tipo, vinculadas con las propiedades robadas por el dictador Fidel Castro al inicio de los años 60 y las cuales estarían valoradas en miles de millones de dólares.
Como añadidura, la jueza espera que sirva de ejemplo y “advertencia” a quienes siguen haciendo negocios a trasmano con el régimen de La Habana, para que paren toda actividad comercial que pueda resultar beneficiosa al dictatorial gobierno de la Mayor de las Antillas.
