El Gobierno de Islas Caimán presentó nuevas leyes para su aprobación en el poder legislativo local con el propósito se dificulta solicitudes de asilo para los migrantes que llegan a ese territorio insular, incluido los balseros cubanos, indicó el medio de prensa Cayman News Service.
Adicionalmente, se contempla una aceleración en los procesos de deportación con el objetivo de disminuir la presión sobre la infraestructura de los organismos migratorios que están saturados ante la avalancha de extranjeros que llegan a la pequeña nación al sur de Cuba.
De acuerdo con el ministro de Control Fronterizo, Chris Saunders, la cantidad de cubanos que está llegando en la actualidad a Islas Caimán crea una crisis y, por lo tanto, pidió a los parlamentarios aprobar la ley que también busca disuadir a otros de llegar en balsa al país.
“Estamos en medio de una crisis… con graves implicaciones económicas y de seguridad”, argumentó antes de revelar que actualmente hay más de 350 migrantes en los centros de detención.
“El aumento significativo de llegadas está ejerciendo una gran presión sobre la Agencia de Control de Aduanas y Fronteras… tanto en Gran Caimán como en Caimán Brac”, sentenció Saunders.
“La magnitud de la carga financiera está directamente relacionada con el tiempo que un migrante permanece en las Islas Caimán. Aunque el memorando de entendimiento con el gobierno cubano establece plazos para el intercambio de información, el tiempo real de permanencia de un migrante se eleva a casi nueve meses”.
En ese sentido señaló que una persona en un centro de detención de migrantes le cuesta al país 1.300 dólares mensuales y un total promedio de $11.700 por migrante desde la llegada hasta la salida, que no incluye el costo de repatriación.
Por lo tanto, el ministro consideró que “es imperativo acortar la duración promedio de la estadía”. El proyecto de ley va encaminado a eso, con procesos expeditos de resolución de las solicitudes de asilo, sin incumplir con las políticas internacionales a las que se atiene Islas Caimán.
Con relación a este asunto, la nueva normativa contempla que el director del CBC delegue decisiones a altos funcionarios con rango de subdirector o superior para que sean estos quienes ejecuten en un tiempo récord las determinaciones si una solicitud de asilo es infundada.
Se mantendrán en consideración las peticiones donde el solicitante de asilo indique un riesgo de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular o política ideología.
Adicionalmente, se prevé un aumento en el número de miembros del Tribunal de Apelaciones de Protección de Refugiados para que se puedan escuchar más casos.
A los solicitantes de asilo con resolución favorable se les otorgará inicialmente tres años para permanecer en las Islas Caimán, en lugar de permitirles permanecer indefinidamente. En ese momento, el refugiado puede solicitar un permiso de residencia indefinido, pero también deja la ventana abierta para la deportación si sus circunstancias han cambiado.
Por otra parte, se realizan conversaciones con funcionarios cubanos para acelerar los procesos de repatriación.
