Las intensas redadas policiales contra los transportistas privados en Matanzas han disminuido la oferta de movilidad para los ciudadanos de esa provincia en el año 2022. De acuerdo con el diario oficialista Girón, se han impuesto más de 160 mil pesos cubanos en multas y 60 licencias operativas retiradas.
De acuerdo con Jacinto Tarifa Fernández, director de la Unidad Estatal de Tráfico, varios de los cuentapropistas del sector de la transportación en el territorio no cumplen con los precisos topados en el costo del pasaje que fueron impuestos desde el consejo de administración provincial.
Gran cantidad de las 250 multas aplicadas por alrededor de 160.000 CUP han tenido como elemento fundamental la violación de precios en los tramos establecidos por las autoridades gubernamentales. Adicionalmente, a 180 transportistas se les detectó que trabajaban sin la licencia operativa.
“El trabajador por cuenta propia está identificado con una pegatina, un listado de precio, y todo medio de transporte que no lo tenga es ilegal y no cuenta con la garantía de seguridad para convertirse en un transportista público”, comentó Tarifa Fernández al diario Girón.
Otro asunto que prohíben las normativas emitidas por los burócratas del Partido Comunista es que el chofer particular pueda llegar a la piquera y alquilar su auto para una sola persona.
“Usted puede prestar el servicio puerta a puerta si el cliente lo llama, pero no tiene la facultad para llegar a la piquera y decir que se alquila por una sola persona. Esa modalidad que tienen los coches y los autos, que se da en los hospitales, es una violación”, advirtió el director de la Unidad Estatal de Tráfico.
En los últimos dos años, más de 5.000 transportistas privados (casi la mitad de los inscritos) dejaron el negocio al verse amenazados por las multas, limitados por las restricciones de movilidad tomadas en los meses de pandemia y el complejo acceso al combustible debido a la crisis energética.
Por tal razón, la población defiende a los transportistas privados. Así lo reconoció el oficial del Ministerio del Interior (Minint).
El enfrentamiento por parte de los inspectores a veces se ve anulado ante la escasez de transporte público, y en más de una ocasión los afectados se convierten en defensores de quienes les cobran el pasaje a sobreprecio.
“Cuando hacemos acto de presencia, se montan en los motores y los autos y se van; pero se van para la otra esquina y siempre encuentran pasajeros”, se quejó Tarifa Fernández.
